¡Se exigen sanciones impactantes para los organizadores del transporte por la libertad!

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Las declaraciones de sentencia para Lich y Barber, organizadores del Freedom Convoy, comienzan con llamados a largas sentencias de prisión.

Die Aussagen zur Strafmaß für Lich und Barber, Organisatoren des Freedom Convoy, beginnen mit Forderungen nach langen Haftstrafen.
Las declaraciones de sentencia para Lich y Barber, organizadores del Freedom Convoy, comienzan con llamados a largas sentencias de prisión.

¡Se exigen sanciones impactantes para los organizadores del transporte por la libertad!

Hoy comienza en Ottawa, la capital de Canadá, un sensacional juicio contra los organizadores del “Convoi de la liberté”. Tamara Lich y Chris Barber, ambas figuras centrales de las protestas contra las medidas del coronavirus, se enfrentan a severos castigos. La fiscalía exige siete años de prisión para Lich y ocho años para Barber, que también fue declarado culpable de incitar a desobedecer una orden judicial. Las batallas legales son parte de un debate más amplio sobre los límites de las protestas y la respuesta del gobierno a los disturbios masivos que se apoderaron de la ciudad en 2022.

La audiencia de sentencia de tres días ya está en pleno desarrollo La prensa informó. Durante las manifestaciones, los participantes pidieron que se levantara la obligación de vacunación y las medidas asociadas. Los dos actores clave fueron declarados culpables de causar problemas, y los fiscales argumentaron que sus acciones, no sus creencias políticas, justifican el duro castigo.

El trasfondo de las protestas

Las protestas, dirigidas contra la exigencia de vacunación al cruzar la frontera, comenzaron en enero de 2022. En aquel momento, los camioneros no vacunados que regresaban de EE.UU. tuvieron que ser puestos en cuarentena, mientras que a sus colegas estadounidenses no se les permitió entrar al país sin vacunarse. Estas medidas provocaron bloqueos masivos en los cruces fronterizos y en el centro de Ottawa. El primer ministro Justin Trudeau se vio obligado a activar la ley de emergencia para afrontar la situación taz informó del uso de poderes de emergencia para poner fin a las protestas y proporcionar a las autoridades poderes ampliados.

Pero la aplicación de esta ley es controvertida. Los críticos, incluida la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, argumentan que el gobierno actuó sin una base legal sólida. Esto fue confirmado por un tribunal en una decisión que ahora los liberales impugnan. El Sol informa que este litigio es importante no sólo para los actores actuales, sino también para futuras protestas en Canadá.

Los efectos de las protestas

La racionalización de los eventos en Ottawa no sólo tiene graves consecuencias legales para los organizadores, sino también enormes implicaciones financieras para la ciudad. Las acciones terroristas durante la manifestación mantuvieron ocupada a la policía y resultaron en un costo estimado de más de $62 millones para mantener el orden. Esta suma se compone de 55 millones de dólares para el Servicio de Policía de Ottawa y más de 7 millones de dólares para el propio gobierno de la ciudad. Si bien Lich y Barber estuvieron implicados operativamente en el proceso de participación, fueron absueltos de cargos más graves, como intimidación y obstrucción a la policía, lo que pone de relieve la complejidad de las disputas legales.

Los acontecimientos que rodearon el “Convoi de la liberté” y la disputa legal que lo acompañó arrojan una luz brillante sobre la tensión entre los derechos individuales y la seguridad del Estado en tiempos de crisis. Es probable que los próximos días sean innovadores para el debate jurídico y social tanto en Canadá como en otros países.